Más presencia de la Medicina Legal en la sociedad: discapacidad, violencia doméstica, cárceles y derechos humanos

El Departamento de Medicina Legal impulsa una concepción de la especialidad que la sitúa en medio de los grandes desafíos de la sociedad vinculados a la justicia, la salud y los derechos humanos.

Procuramos así superar una visión reduccionista que nos limitaba al rol de asesores del sistema judicial, en tanto certificadores de los hechos violentos.

Muy lejos estamos de abandonar el rol natural de asesores del sistema judicial, al que los médicos legistas nos brindamos con pasión y vocación, y que constituye un pilar fundacional de la disciplina. De hecho, y fuera del marco del trabajo médico-legal en la estructura misma del Poder Judicial, la Cátedra colabora y seguirá colaborando en forma permanente y creciente con los magistrados de las diversas materias, buscando aportar a resolver asuntos complejos, muchas veces trabajando en forma conjunta con nuestros colegas del Instituto Técnico Forense. Sentimos que el Poder Judicial y la sociedad valoran el aporte que hacemos para la resolución de casos de enorme repercusión social, sean actuales o del pasado histórico reciente o alejado.

Pero nos resistimos a limitar nuestro rol y función a la de cronistas de la violencia, describiendo sus formas de producción y valorando sus daños. Estamos convencidos que la realización plena de nuestra misión se cumple insertándose en el sistema de salud y en todo otro lugar en el que se requiera la colaboración de la Medicina Legal.

Entre muchos otros posibles ejemplos, queremos subrayar el trabajo en discapacidad, violencia doméstica, sistema carcelario y derechos humanos, en general.

El Departamento de Medicina Legal aceptó la invitación de colaborar con el trabajo de la Unidad de Política de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Se procura obtener avances en el reconocimiento y el efectivo goce de los derechos de la personas con discapacidad; en esta etapa concreta se trabaja sobre el acceso a la justicia. Se trata que nuestra especialidad ya no se limite a cuantificar las incapacidades, sino que contribuya a reducirlas a través de la elaboración de políticas públicas adecuadas.

Continuamos comprometidos con el Plan Integral de Lucha contra la Violencia de Género. En este sentido, procuramos aportar desde el conjunto de la actividad docente universitaria: enseñanza, investigación, extensión y asistencia. El pasado 17 de julio tuvimos la responsabilidad de exponer sobre los marcos normativos y la ética de la praxis asistencial, sobre lo que giró el debate de la Jornada Anual de la red de Equipos de Salud y Violencia Doméstica. Proyectamos fortalecer esta área de trabajo, a través de la participación en la asistencia directa en el primer nivel de atención.

Se continúa desarrollando -con buena y activa participación- un curso destinado a todo el personal que trabaja en la asistencia de la salud de las personas privadas de libertad. Con el apoyo de ASSE, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Dr. Álvaro Garcé, se viene cumpliendo esta necesaria actividad, que pone el centro en los derechos de todos los actores. Así, mientras se procura aportar a una actividad asistencial en las cárceles que cubra los necesarios estándares técnicos y éticos, hemos incorporado un aspecto muchas veces olvidado: la salud de quienes trabajan en el Sistema Penitenciario en condiciones muy adversas. Para esto, contamos con la participación del Departamento de Salud Ocupacional de nuestra Facultad.

También estamos muy satisfechos de haber iniciado un camino de colaboración con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que esperamos se pueda profundizar y sistematizar en un futuro muy próximo, que se exprese en proyectos de mutua colaboración. En definitiva, los derechos humanos, en su visión más amplia, son el objeto último de todo el trabajo médico-legal.

Montevideo, 24 de julio de 2013

Prof. Dr. Hugo Rodríguez Almada

Director