A lo largo del año 2012 el colectivo del Departamento de Medicina Legal se abocó al cumplimiento de los objetivos de un Plan de Trabajo que comenzamos a ejecutar hace dos años.
Trabajadores docentes y no docentes aportamos a las metas comunes en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo al rol específico de cada quien. Este esfuerzo se desarrolló en el contexto del enorme logro alcanzado por la Facultad de Medicina con la obtención de la acreditación regional para los próximos seis años, obtenida en el Sistema de Acreditación a Nivel del Mercosur (ARCO-SUR). Entre los objetivos cumplidos se cuenta la renovación y puesta al día de la bibliografía nacional de la especialidad (en espera de tiempos de imprenta que escapan a nuestras posibilidades), el diseño y ejecución de dos Cursos Optativos para la carrera de Medicina (Plan 2009), la implementación de una novedosa propuesta de extensión universitaria concretada en el Espacio Interdisciplinario Medicina Forense, Arte y Psicoanálisis, la obtención de dos premios por trabajos en los que tuvieron real y activa participación jóvenes colegas incorporadas a las especialidad, por nombrar algunos. Pero si hubiera que subrayar sólo un eje de trabajo en el que Cátedra de Medicina Legal ha concretado una contribución de valor social, no hay duda en mencionar la contribución a la promoción y el reconocimiento de los Derechos Humanos.
No se puede soslayar el trabajo médico-legal que devino en una sólida prueba pericial que contribuyó aclarar crímenes atroces perpetrados por el terrorismo de Estado en los años 70 y 80. Una prueba pericial ética, científica, sin preconceptos y que respeta los Derechos Humanos de los propios agentes del Estado que los vulneraron desde el poder. Esta labor silenciosa de apoyo a la Justicia, que tal vez no es demasiado conocida por la opinión pública, ha sido reconocida en medios académicos de la región y de Europa, toda vez que fue presentada la experiencia uruguaya.
Por otra parte, el Departamento de Medicina Legal asumió la responsabilidad de realizar los informes técnicos respecto de la situación de quienes reclamaron el amparo de la Ley Nº 18.596, alegando haber sufrido lesiones gravísimas derivadas del accionar de los agentes del Estado. Es bueno haber contribuido a la reparación de alguna de las víctimas. Y comprendemos la desazón de quienes no fueron reparados, pero no abdicamos de mantener el apego al objeto del informe que se nos solicita. Enseñamos -y practicamos- que la labor del perito no es la del legislador, ni la del juzgador, ni la de la sociedad civil organizada, sino la de responder a preguntas concretas con la máxima objetividad posible, según del estado del arte. Pero la relación de la Medicina Legal y los Derechos Humanos se extiende y abarca también los contextos institucionales democráticos, como al que asistimos. Se trata de educar en la ética de la peritación médico-legal, en el respeto de los derechos de los sujetos de la peritación y de los derechos de las personas privadas de la libertad, cualquiera sea su edad, pero especialmente en caso de los niños, niñas o adolescentes.
Nuestra Cátedra hace especial hincapié en el desarrollo de la Medicina Legal como una especialidad médica inserta en el sistema de salud (que proyectamos extender al primer nivel en la capital y en el interior del país). Y la promoción de los Derechos Humanos en la relación clínica es una preocupación central. Es paradójico que mientras se perciben avances en la comprensión y abordaje de temas como la violencia basada en el género, los derechos de niños y adolescentes o los derechos sexuales y reproductivos, parecen instalarse ciertos cambios culturales muy negativos que tienden a justificar algunas prácticas en ámbitos asistenciales que son contrarias a la dignidad humana. No importa si se trata de la asistencia individual o de políticas de salud pública inspiradas en objetivos loables: no hay asistencia sanitaria enmarcada en la lex artis ad hoc al margen del respeto de los Derechos Humanos de las y los usuarios y pacientes, como no hay interés colectivo difuso alguno capaz de justificar el atropello de los derechos individuales de personas concretas.
En el año 2013 el Departamento de Medicina Legal procurará contribuir a la mejor formación de los futuros médicos, a la salud individual y colectiva, a la Justicia y a la interdisciplina, lo que no se confunde con aceptar y naturalizar el intrusismo y la improvisación pericial. Sin perjuicio de ello, y ante todo, asumimos colectivamente el compromiso de una contribución académica decididamente posicionada en los Derechos Humanos.
Montevideo, 21 de diciembre de 2012
Prof. Dr. Hugo Rodríguez Almada Director