Buenos augurios

El cierre del año y el inicio de 2019 invita a repasar lo hecho y los nuevos desafíos.

Los esfuerzos durante el año se guiaron por la misión y visión que definimos colectivamente:

Misión Implementar la enseñanza de calidad de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses a nivel de grado y posgrado. Promover la investigación como contribución al mejoramiento del sistema de salud y de justicia. Desarrollar la asistencia, el asesoramiento, la extensión y las actividades en el medio, con énfasis en la calidad académica, la ética pericial y la promoción de los derechos humanos.

Visión Consolidarse como referente nacional en la formación y la aplicación de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses, proyectándose a nivel regional e internacional. Ser impulsor del desarrollo de las Ciencias Forenses en el país. Participar en sinergias interinstitucionales que potencien la contribución de la disciplina a la resolución de problemas con relevancia social.

Puede decirse que toda la actividad se inspiró en esa concepción universitaria de la disciplina.

Nos importa resaltar hoy que, además de las tareas correspondientes a la función de enseñanza, el equipo del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses desarrolló una activa vinculación con el medio, dando respuesta a muy diversas demandas.

En el nivel sanitario, la Cátedra fue llamada a dar su aporte en problemas de alta prioridad. Seguimos participando en las comisiones interdisciplinarias de mortalidad neonatal, pediátrica y materna, las que integramos desde su creación. Además, distintas dependencias de la autoridad sanitaria nos han solicitado opinión y asesoramiento sobre temas tan diversos, como protocolos de actuación en algunas situaciones de vulneración de derechos o las reglamentaciones de la Ley Nº 19.529 (Salud mental) y de la Ley Nº 19.628 (Marco normativo del certificado defunción), en cuya elaboración esta Cátedra tuvo una participación fundamental. También hemos sido y somos parte de la Mesa de Diálogo (ASSE, MSP, Poder Judicial, Fiscalía, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental) que busca soluciones a los nuevos problemas creados en el ámbito de la salud mental, especialmente en situaciones judicializadas.

En el plano de la salud individual, hemos continuado con una presencia permanente en el Hospital del Pediátarico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, a través de un sistema de interconsultas que aspiramos a mejorar cualitativamente, logrando una verdadera actuación interdisciplinaria. También en el Hospital de la Mujer se nos requirió para debatir casos complejos cuya resolución requería la perspectiva médico-legal. En el Hospital de Clínicas, con la Clínica Médica “A”sostuvimos un espacio médico-legal mensual de discusión de casos. Además, hemos trabajado en conjunto en el debate de situaciones clínicas con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, la Clínica Médica “2” del Hospital Pasteur y la Clínica Psiquiátrica, y hemos evacuado consultas provenientes del primer nivel y de diferentes departamentos del interior del país.

Merece destacarse la labor realizada en torno al proceso que culminó en la aprobación de la Ley Nº 19.684 (Ley integral para personas trans). El equipo docente discutió largamente el proyecto, compareció en Comisión del Senado, propuso varias modificaciones que fueron incorporadas y defendió el espíritu de la ley en diferentes actividades públicas junto a organizaciones sociales. Igualmente, pudimos aportar a la mejora de los proyectos que dieron lugar a la Ley Nº 19.643 (Prevención y combate de la trata de personas) y, en aspectos puntuales, a la Ley N° 19.529 (Salud mental).

Con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo continuamos desarrollando las tareas que corresponden al convenio interinstitucional que nos liga. En espacial, hemos contribuido al trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Para 2019 nuestra Cátedra, junto a expertos internacionales desarrollará una capacitación en el manejo del Protocolo de Estambul, que será una oportunidad de formación para técnicos de las diversas instituciones públicas que tienen que ver con la prevención y las respuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Se trabajó en diversas cuestiones a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en actividades de enseñanza, de asesoramiento y periciales. A los cursos de investigación criminal para fiscales del Centro de Formación, de los que participamos ya en ocho ediciones, se sumaron otras actividades por invitación de diversas áreas de la Fiscalía, como la Unidad de Víctimas y Testigos y la Unidad de Género. Asimismo, colaboramos con distintas fiscalías para la resolución de casos criminales complejos, tanto en Flagrancia, Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género o de Delitos de Lesa Humanidad. La sistematización de una decena de informes sobre lesiones por tortura durante el terrorismo de estado ha dado lugar a una publicación.

También la Defensoría Pública recurrió en algunas ocasiones al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses como contribución a esclarecer algunos hechos. Uno de estos casos motivó un Ateneo Interdisciplinario Abierto, en el que jueces, fiscales, defensores y peritos debatimos a propósito de un caso, una vez resuelto en el sistema penal. Estas situaciones, inéditas hasta la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal (Ley Nº 19.293), requirieron que todos los actores del sistema tomaran cabal conciencia de que estos informes médico-legales son informes solicitados por las partes, no informes para las partes. Como lo indica con claridad la Guía de Principios Éticos de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses: un informe de parte es ético si, y solamente si, concluye lo mismo que hubiera concluido de haber sido solicitado por la contraparte.

Como lo hacemos año tras año, continuamos elaborando los informes médico-legales que nos solicita la Comisión de la Ley de Reparación (Nº 18.596). Esta experiencia nos brindó un valioso aprendizaje sobre la naturaleza de nuestra actuación. En efecto, nos encontramos con decenas de víctimas del terrorismo de estado, cuyos casos no quedan comprendidos en la previsión legal de reparación administrativa por lesiones gravísimas. Frente a tales situaciones, más allá de la empatía con el sufrimiento padecido por mujeres, hombres y niños, el informe médico-legal no puede ni debe ser considerado una herramienta para corregir insuficiencias de la norma legal.

La mención al Código de Proceso Penal nos obliga a reiterar la decepción porque aún no haya sido derogado el inciso 2 del artículo 184 que habilita la realización de “mínimas intervenciones corporales” sin el consentimiento del imputado. Esta norma contraviene principos muy caros, cuyo desconocimiento, aunque sea “mínimo”, nos colocaría por fuera de la ética médica. La ética pericial y el respeto a los derechos humanos, antes que obstáculos a la investigación criminal, son garantías propias de un sistema democrático. En 2019 seguiremos bregando ante los poderes públicos y los organismos de derechos humanos para que se enmiende el texto legal.

Además de lo estrictamente sanitario y judicial, la Cátedra pretende colaborar con el perfeccionamiento del Derecho en otras áreas. Es el caso de los baremos contenidos en la reglamentación de la Ley Nº 18.412 (Seguro obligatorio de automotores), sobre cuyas falencias seguimos advirtiendo a la autoridades públicas y demás actores del área de los seguros. Un tema de tan alta prevalencia y repercusión social y económica, como el de los siniestros de tránsito, merece contar con un baremo serio y coherente.

Naturalmente, y como lo marcan los 141 años de la Cátedra, seguimos trabajando con el Poder Judicial. A solicitud de los magistrados de diversas materias que requieren la opinión de la Cátedra, producimos informes y dictámenes que serán insumo y fundamento para sus decisiones. Con el Instituto Técnico Forense mantenemos una relación de mutua colaboración. Como servicio universitario nos beneficiamos de un espacio insustutible para la formación de los especialistas. El servicio judicial se beneficia cotidianamente del trabajo de nuestros residentes, posgrados y docentes. A la vez, el capital humano allí formado y entrenado, permite que en el corto plazo el sistema judicial incorpore forenses altamente calificados.

Esta amplia interacción con el conjunto de la sociedad es un rasgo distintivo de nuestra disciplina, a la vez que muestra las prioridades que nos dimos como equipo de trabajo: fuerte compromiso social, promoción de los derechos humanos en su más amplia acepción y defensa de la ética pericial.

Los buenos augurios del título, además de un buen deseo, muestran un alentador pronóstico respecto de las nuevas generaciones de colegas que han optado por nuestra especialidad y por desarrollar carrera docente en la Universidad de la República. No tienen otro techo que el que les imponga su compromiso, ganas de estudiar y disposición al trabajo.

29 de diciembre de 2018

Prof. Dr. Hugo Rodríguez Almada
Director