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Autoridades nacionales, autoridades universitarias, organizaciones sociales, periodistas, compañeros y amigos del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses: muchas gracias por acompañarnos en esta celebración a los 140 años de la fundación.
Saludamos a quienes están aquí y a quienes se excusaron pero hicieron llegar su abrazo.
Saludamos muy especialmente al Profesor Fernando Verdú Pascual, Profesor Titular de Medicina Legal de la Universitat de València y Profesor Ad Honorem de nuestra Facultad de Medicina. Dilecto alumno de Juan Alberto Gisbert Calabuig y, a su vez, Maestro vaya a saber de cuántas decenas de forenses de Iberoamérica, Uruguay incluido.
Saludamos con el mayor entusiasmo a la nueva generación de médicos legistas y forenses en los que esta Cátedra tiene tantas y tan fundadas esperanzas.
Y recordamos a quienes ya no están, aunque no se dejan fácilmente olvidar. En la imposibilidad de nombrarlos todos, por razones diversas, asumo el riesgo de elegir a cuatro de ellos:
Julio Arsuaga Soto, último profesor de la Cátedra antes que la dictadura tomara por asalto la Universidad. Por su actuación universitaria fue injustamente preso y se lo quiso humillar con la prohibición de ingreso a Facultad. Por sus valientes informes forenses su casa fue blanco de una bomba criminal. La Facultad lo reconoció con una placa en el Salón de Actos que lo recuerda como “baluarte de la dignidad”.
Guillermo Mesa Figueras, primer profesor de la Cátedra designado tras la derrota de la intervención universitaria y la reconquista de la democracia. Fue un extraordinario forense y un cirujano de gran personalidad, que no se la creyó y que no permitió que la vanidad o el dinero guiaran sus pasos. Prefirió ser el profesor de la modestia y el bajo perfil, el profesor que prefería que lo llamaran señor, antes que doctor o profesor. Fue quien mejor convocó a la interdisciplina con la ciencia social, inaugurando una época fermental en que jueces y abogados sintieron como suya nuestra casa.
Mario de Pena Fernández, fue quien sin haber llegado a asumir su cargo de Profesor Agregado, lideró junto a Mesa el posicionamiento de la Medicina Legal junto a los derechos humanos, de cara a las minorías excluidas, abriendo la Cátedra a meretrices, travestis, presos, huelguitas de hambre y enfermos de sida, en un momento histórico en que ello aún no calificaba como corrección política.
Guillermina Gugelmeier Riccca, nuestra joven, querida, abnegada y brillante residente. Con todo su dolor a cuestas, eligió mantener intacto su compromiso con la vida y con la Medicina Legal, hasta el último día, el 31 de diciembre de 2015. Una mujer valiente que se extraña. Su muerte nos privó de una querida colega y alumna, y privó al país de una promisoria médica legista sensible, bien formada y entrenada.
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Los 140 años de la Cátedra evidencian las singularidades del desarrollo de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses en Uruguay. La más notoria es la estrecha relación que, a lo largo de la historia, han tenido los servicios periciales forenses con la Casa de Estudios.
No es el propósito ensayar aquí una reseña histórica, sino señalar algunos hitos de los que debiéramos poder extraer enseñanzas de valor para el presente.
De la etapa previa a la Cátedra, se sabe por los estudios de Soiza Larrosa que la primera autopsia forense dataría de 1760 y el primer peritaje sobre un cadáver esqueletizado sería de 1797.
Gracias al trabajo de dos docentes de la Cátedra (Roó y Riveiro) sabemos que en 1851 tuvo lugar el primer caso de una malpraxis médica (que no fue tal), por la que se responsabilizó erróneamente al Dr. Pedro Capdehourat por la muerte del general Eugenio Garzón. No sólo fue el primer caso de responsabilidad médica. Fue también un caso paradigmático, en el que el clima creado por las circunstancias políticas tal vez pudo nublar el juicio de once prestigiosos médicos de la época. Ojalá haya sido una lección aprendida. Los peritos no estamos para legitimar causas justas, ni para darle sustento científico a lo que en cada momento crea, en el acierto o en el error, la opinión pública. La injusta muerte civil de Capdehourat en 1851, alerta sobre los riesgos de hoy, donde un troll en Twitter o un titular irresponsable de un noticiero televisivo en la lucha despiadada por el rating, puede terminar con una casa incendiada o un linchamiento (a veces en sentido figurado, otras en sentido estricto).
En 1877 se creó la Cátedra de Medicina Legal en una joven Facultad de Medicina fundada dos años antes.
Desde 1914, a partir de un convenio celebrado con el Poder Judicial, la morgue se instaló en la planta física del Departamento de Medicina Legal, situación que mantuvo durante sesenta años.
En 1915, la Ley N° 5.217 determinó que las funciones médico-legales quedaran a cargo de los “médicos del servicio público”, excepto la realización de las autopsias judiciales, que fueron encargadas a la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina.
En 1916, el Catedrático de Medicina Legal, Martín Martínez Pueta, presentó un proyecto de organización de la actividad forense, donde se hacía hincapié en la necesidad de la especialización en Medicina Legal. Entre sus fundamentos, cuestionaba la calidad de los informes periciales de la Cátedra de Anatomía Patológica, cuyos integrantes, versados en Patología, carecían de formación médico-legal. En otras palabras: hace más de un siglo se advirtió sobre la necesidad de la formación médico-legal de los forenses. ¿Se podría sostener en 2017 que esto ha dejado de ser una necesidad?
El proyecto de Martínez Pueta planteaba la creación de un cuerpo de médicos forenses y de un Instituto Técnico Forense. Ambas iniciativas terminaron por materializarse, aunque con ritmo dispar.
En 1918, la Ley N° 5.635 creó los cargos de médico forense, que estarían bajo la dependencia de los jueces penales, bajo un modelo multifunción que incluía todas las tareas periciales en vivos y en cadáveres. Desde la Cátedra defendemos esa concepción generalista, que pone el acento en la mirada holística sobre la violencia.
La creación del Instituto Técnico Forense del Poder judicial debió esperar hasta 1937.
Las propuestas de Martínez Pueta enseñan que, en las condiciones concretas de nuestro país, los servicios judiciales y universitarios, lejos de ser antagónicos, son necesariamente complementarios. La Casa de Estudios no puede formar y entrenar profesionales al margen de los servicios periciales. Los servicios periciales necesitan contar con el personal calificado para cumplir sus cometidos legales.
Desde 1972, hace ya 45 años, la Medicina Legal fue reconocida en el país como una especialidad. La institución responsable de certificarla es, desde entonces y hasta el presente, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Los títulos se registran en el Ministerio de Salud Pública. Se trata de la única disciplina dentro de las Ciencias Forenses que tiene ese nivel de formalidad académica y el reconocimiento de las autoridades públicas.
En 2008 logramos un avance sustancial: la incorporación de la Medicina Legal al sistema de Residencias Médicas. Se trata del mejor régimen de formación de especialistas médicos, a partir de una alta dedicación horaria que garantiza aprendizaje y entrenamiento concentrados bajo supervisión académica. Son cargos que hoy financia el sistema de salud, al haberse comprendido el rol de la Medicina Legal en el manejo de problemas tan prevalentes como la violencia interpersonal, la siniestralidad o el error médico.
Alguno de los estamentos del sistema de justicia se podría beneficiar del trabajo de profesionales jóvenes con alta dedicación horaria y singular motivación, supervisados desde la academia, a costos realmente bajos. Con ello, además, contribuiría a la formación de calidad de su futuro capital humano en materia pericial.
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En este 2017, la Facultad de Medicina ha dado aprobación a dos importantes iniciativas desarrolladas por el equipo de la Cátedra.
Por una parte, se comprendió la necesidad de que la propia denominación de la Cátedra reflejara su historia y su presente. Haber pasado a ser “Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses” asume nuestra realidad disciplinar, en la que, además de especialidad médica, somos un servicio universitario que incluye profesionales de la Odontología, la Antropología, el Derecho, amén de reunir especialistas de áreas como el Laboratorio Clínico y la Salud Mental.
Asimismo, discutimos y elaboramos un documento de misión y visión que expresa el consenso de nuestra Cátedra.
“Misión- Implementar la enseñanza de calidad de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses a nivel de grado y posgrado. Promover la investigación como contribución al mejoramiento del sistema de salud y de justicia. Desarrollar la asistencia, el asesoramiento, la extensión y las actividades en el medio, con énfasis en la calidad académica, la ética pericial y la promoción de los derechos humanos.
Visión- Consolidarse como referente nacional en la formación y la aplicación de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses, proyectándose a nivel regional e internacional. Ser impulsor del desarrollo de las Ciencias Forenses en el país. Participar en sinergias interinstitucionales que potencien la contribución de la disciplina a la resolución de problemas con relevancia social”.
Es decir, que asumimos la responsabilidad por desarrollar el conjunto de las funciones universitarias con especial preocupación por la calidad.
Los derechos humanos son la materia de nuestro día a día, sea cuando valoramos a una niña víctima de abuso sexual, cuando informamos las lesiones de una mujer maltratada o cuando logramos reconstruir con la autopsia histórica la muerte de un asesinado en la tortura bajo el terrorismo de estado.
Pero no sólo nos vemos como cronistas o certificadores de la violencia, sino que nos comprometemos en la promoción de los derechos humanos. Nuestros libros de texto, nuestros acuerdos de trabajo con instituciones nacionales e internacionales vinculadas a los derechos humanos y nuestra práctica cotidiana dan cuenta de lo dicho.
En nuestra proyección de futuro, miramos hacia la multi y la interdisciplina que supone la práctica de las Ciencias Forenses. Algunas de las disciplinas con aplicación forense tienen en Uruguay un desarrollo apenas embrionario, que es necesario estimular. Tenemos algún camino recorrido con el Área de Identificación y Genética Forense que compartimos con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, así como en experiencias de enseñanza de grado y posgrado con la Facultad de Odontología. Este camino debe profundizarse y expandirse hacia otros emprendimientos, entre los cuales asignamos mucho valor a lo que seamos capaces de construir en conjunto con la Policía Científica.
Por razones de escala, Uruguay necesita -como pocos países- de la complementación institucional. No se debería permitir desaprovechar capital humano de alto nivel, incluidos profesionales con formación de posgrado en el exterior.
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Haré referencia a ciertas cuestiones relacionados con la ética pericial. No se trata de disquisiciones meramente teóricas, sino de problemas arraigados o emergentes, pero -en todo caso- presentes.
Calidad y formación de los peritos. Al respecto adherimos plenamente a lo que ha consensuado la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina y Ciencias Forenses en sus “Guías de principios éticos”, cuando señala: “La actividad en el campo forense encarna una gran responsabilidad social y, además, impacta de manera directa sobre la vida de las personas involucradas en las investigaciones. Por ello, la calidad del trabajo, el apego al método científico y la prudencia en las conclusiones pasan a tener rango de componente ético de la actuación en Medicina Legal y Ciencias Forenses”. Añade que el “trabajo profesional en el campo de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses requiere una sólida formación en la disciplina madre que se ejerce, así como una formación y entrenamiento específico en el método pericial. Tanto el intrusismo, como el adjudicarse falsamente especialización en materia forense, resultan éticamente inadmisibles”. Y culmina: “Los profesionales de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses deberán negarse a realizar actividades periciales para las que no cuentan con la formación necesaria”.
Esta cuestión no tiene que ver con perspectivas desde los intereses individuales o corporativos. Tampoco la superación de los problemas puede estar frenada por este tipo de interés. Se trata de un tema primariamente ético.
Secreto profesional y medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen una función fundamental en la democracia. Así como en la Medicina no siempre es ético hacer todo lo que permita hacer la tecnología, en la difusión pública de los temas forenses no siempre es ético divulgarlo todo. No se trata de instalar la censura o la autocensura, sino de reconocer que al derecho a la información se contrapone el derecho humano a la intimidad, entre otros. Y no se deberían avasallar los derechos humanos bajo pretexto de desarrollar una campaña por los derechos humanos.
En ocasiones, puede no ser fácil establecer esta frontera. En otras, sí lo es. Cuando se exponen niños, niñas y familias perfectamente identificables en los medios masivos de comunicación, claramente se traspasa ese límite.
No nos cabe dictar normas a los periodistas o a los dueños de los medios, pero como Cátedra tenemos la obligación de formar a los profesionales forenses en la obligación ética y legal del secreto profesional, en las condiciones sui generis de la función pericial. Lo expresa con toda claridad el consenso iberoamericano al que ya me referí: “La confidencialidad es una obligación ética fundamental, toda vez que los profesionales de la Medicina legal y las Ciencias Forenses acceden a información de la que no son titulares. En el trabajo en el ámbito forense, donde los profesionales deben informar a las autoridades, la confidencialidad no se extingue, sino que adopta modalidades especiales. A la obligación del secreto profesional se añade la que corresponde al secreto de la investigación al están obligados los peritos. Además, la información que no sea relevante para la investigación no debería ser revelada, con especial cuidado en aquella que pueda ser causa de estigmatización o producir un daño injusto. Durante el transcurso de la investigación, no es función de los peritos comunicar los resultados a los medios de comunicación, salvo encargo de las autoridades competentes”.
Consentimiento informado. El apego a los derechos humanos no se puede detener a la hora de la prueba pericial. Por el contrario, el respeto a los derechos humanos es conditio sine quanon del trabajo pericial. Hemos dicho, parafraseando una sentencia de Olivera Negrín inspirada en Conde Muñoz, que el objetivo de la peritación médico-legal no es llegar a la verdad a cualquier costo, sino aproximarse a la verdad a través de una prueba pericial obtenida con arreglo a la ética médica y a los derechos humanos.
Como en todo acto médico, la peritación de la violencia debe practicarse de acuerdo con la lex artis ad hoc, es decir, en el marco de las reglas técnicas y éticas del arte médico-legal.
Por eso es que, con el apoyo unánime del Consejo de la Facultad de Medicina y del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, pedimos al Poder Legislativo eliminar el inciso 2 del artículo 184 de la Ley Nº 19.293 (Código del Proceso Penal), que aún no ha entrado en vigencia, y que permite, “aun sin el consentimiento del imputado”, efectuar lo que denomina “pruebas biológicas y mínimas intervenciones corporales”.
No se entiende que en un contexto de reforma procesal que busca dotar de mayores garantías pueda quedar establecido por ley un permiso como el referido.
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Llegados a la posta de los 140 años, decimos que asusta lo que resta por hacer. Pero que desmentimos a quien ve en este equipo a gente que se regodea abriendo cadáveres, fingiendo la baladronada de que no nos daña el impacto cotidiano de la violencia.
Somos una Cátedra que, antes que con la pompa fúnebre, tiene que ver con la salud, con la justicia, con los derechos humanos, con lo mejor de la Universidad de República. Y que cuando nos topamos con el límite que nos impone el conocimiento y el método científico, no decaemos y buscamos, junto a otras miradas, incluidos el arte y el psicoanálisis, posibles respuestas que nos ayuden a comprender este mundo difícil y desafiante que nos tocó.
26 de octubre de 2017Prof. Dr. Hugo Rodríguez Almada Director Departamento de Medicina legal y Ciencias Forenses Facultad de Medicina – Universidad de la República
Palabras del Prof. Dr. Hugo Rodríguez Almada en el acto de celebración del 140º Aniversario de la fundación de la Cátedra de Medicina Legal, realizado en la Antesala de la Cámara de Representantes del Poder Legislativo el 26 de octubre de 2017.